Segunda República española
Segunda República española, periodo histórico comprendido entre el 14 de abril de 1931, cuando tuvo lugar la proclamación republicana, y el 18 de julio de 1936, momento en el que se desató el alzamiento militar que acarreó los tres años de la Guerra Civil y la definitiva liquidación del régimen republicano el 1 de abril de 1939, razón ésta por la cual se suele retrotraer el final de esta época a la última fecha citada.
El advenimiento de la república
Desde la dimisión del dictador Miguel Primo de Rivera, acaecida en enero de 1930, hasta la instauración de la II República, transcurrieron catorce meses en los que se mostró la inviabilidad de una nueva fórmula dictatorial y la necesidad de retornar gradualmente a la senda constitucional truncada con el pronunciamiento militar de 1923.
Bajo esta perspectiva restauradora y defensiva se gestaron, en los epílogos de la monarquía de Alfonso XIII, propuestas respaldadas desde la presidencia del gobierno por el general Dámaso Berenguer y por su sucesor, el almirante Juan Bautista Aznar, consistentes en la elaboración de un calendario electoral que, a la postre, sería el responsable del vuelco en la forma de gobierno de España.
La convocatoria a las urnas fijada para el 12 de abril de 1931 rebasó, en opinión de los analistas, una simple cita al relevo municipal para convertirse en un auténtico plebiscito a favor o en contra de la monarquía. El aplastante triunfo obtenido en estas elecciones por los republicanos en las capitales de provincia y centros neurálgicos de decisión supuso, pese al mayor número de concejales monárquicos elegidos a nivel nacional, el fin del reinado de la Casa de Borbón, con la consiguiente salida de Alfonso XIII del país y el advenimiento pacífico de la República española, es decir, de la que en realidad era la segunda experiencia republicana en España, toda vez que, en 1873 y principios de 1874, había tenido lugar el desarrollo de la que pasó a conocerse como I República.
El bienio reformador o republicano-socialista (1931-1933)
El 3 de junio de 1931, el gobierno provisional de la II República española convocó elecciones para el día 28 de ese mismo mes. De aquella cita con las urnas saldrían electos los diputados de las que habrían de ser Cortes Constituyentes. La Conjunción republicano-socialista, que había triunfado en los comicios municipales del anterior mes de abril, se mantuvo como tal y nuevamente triunfó. Las formaciones que más escaños obtuvieron fueron el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el Partido Republicano Radical (PRR), el Partido Republicano Radical Socialista (PRRS), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Acción Republicana (AR), Derecha Liberal Republicana (DLR), la Agrupación al Servicio de la República (ASR) y la Organización Republicana Gallega Autónoma (ORGA).
La II República supuso el principal intento de crear un Estado verdaderamente democrático en España hasta los logros de la transición iniciada a mediados de la década de 1970. La Constitución aprobada el 9 de diciembre de 1931 fue su eje legal fundamental. Aquí aparece la primera página de la misma, en la cual se aprecia la efigie del presidente de las Cortes Constituyentes que crearon dicha ley magna: Julián Besteiro.
Las elecciones generales a Cortes Constituyentes convocadas por el gobierno provisional para el 28 de junio de 1931 dieron el triunfo a los socialistas (Partido Socialista Obrero Español, PSOE) y a pequeños partidos republicanos (radicalsocialistas, Acción Republicana), encargados de formar un nuevo gabinete presidido por Niceto Alcalá Zamora. La redacción de un texto constitucional adaptado a las nuevas reglas del juego ocupó durante estos meses de rodaje los principales desvelos de los líderes políticos, logrando aprobar antes de fin de año, y tras vencer numerosos tropiezos, el articulado definitivo.
La Constitución del 9 de diciembre de 1931, que definía España como una “República de trabajadores de toda clase” en expresiva alusión a las contrapuestas percepciones de la realidad nacional, fue fruto de un laborioso consenso y uno de los escasos ejemplos del constitucionalismo español que implicaba una encendida defensa de la democracia representativa y de las libertades (soberanía popular, sufragio universal masculino y femenino, aconfesionalidad del Estado, derechos individuales y sociales).
La Constitución española de 1931 fue el eje político, en tanto que ley fundamental, de la II República. Entre las medidas reseñables cabe indicar la reforma militar acometida por Manuel Azaña, a la sazón presidente del gobierno y responsable del Ministerio de Guerra, tendente a racionalizar el anticuado e hipertrofiado Ejército español. El ajuste de competencias en cuanto a las relaciones entre la Iglesia y el Estado acabó por ser una grave equivocación política, como admitirá más tarde el propio Azaña, y sirvió de piedra angular de una orquestada campaña en contra del régimen tachado de anticlerical y revanchista.
El 16 de diciembre de 1931, una semana después de ser aprobada la Constitución de la II República española, Manuel Azaña presidió el primer gobierno no provisional de la misma. En junio de 1933 se vio obligado a llevar a cabo una pequeña remodelación gubernamental. La mayoría de los ministros que formaron parte de ese gabinete aparecen en esta fotografía, algunos de ellos ya integrantes del mismo desde diciembre de 1931. De izquierda a derecha: José Franchy Roca (Industria y Comercio), Marcelino Domingo (Agricultura), Francisco Largo Caballero (Trabajo), Lluís Companys (Marina), Agustín Viñuales (Hacienda), Francisco J. Tan sólo falta en la imagen el responsable de la cartera de Comercio, Diego Martínez Barrio.
Junto a avanzados decretos de carácter socioeconómico provenientes del Ministerio de Trabajo regido por Francisco Largo Caballero, la reforma agraria orientada a un cambio profundo en la estructura de la propiedad de la tierra obtuvo escasos resultados debido a su burocratización, a los limitados instrumentos para su puesta en práctica y a la oposición a ultranza de los terratenientes. Mayor imaginación mostró la estructuración territorial del Estado, diseñada bajo una fórmula autonómica (Estado integral) con posibilidad de autogobierno para las regiones solicitantes.
Cataluña, con su Estatuto de Autonomía votado por las Cortes en septiembre de 1932, aprovechando el impacto psicológico del conato golpista conocido como la Sanjurjada (protagonizada por el general José Sanjurjo), fue la primera comunidad en disfrutar de hecho de esta nueva vía descentralizadora, muy por delante del País Vasco, que hubo de aguardar al estallido de la Guerra Civil, en tanto que Galicia no llegó a ver refrendada por las Cortes la aprobación plebiscitaria de su Estatuto llevada a cabo el 28 de junio de 1936.
El sindicalista socialista Francisco Largo Caballero (en la imagen, a la izquierda) desempeñó el cargo de ministro de Trabajo desde el 14 de abril de 1931 (fecha de la proclamación de la II República española) hasta el 12 de septiembre de 1933, día en el que fue sustituido por Ricardo Samper, miembro del Partido Radical (momento que reproduce la fotografía). Desde principios de septiembre de 1936, ya iniciada la Guerra Civil, hasta mediados de mayo de 1937 fue presidente del gobierno y ocupó además la cartera de Guerra.
Tras la disolución de las Cortes (Parlamento) efectuada por el presidente de la República, Alcalá Zamora, las elecciones generales celebradas en noviembre de 1933 pusieron de relieve la coordinada reacción que habían creado frente a este paquete de medidas los grupos más conservadores de la sociedad española y el acierto de la derecha al agruparse bajo las siglas comunes de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), clave de su espectacular victoria en esa consulta.
El bienio restaurador o Radical-Cedista (1933-1935)
La región española de Asturias fue en 1934, al margen de Cataluña, el principal escenario de los sucesos que han dado en llamarse de forma genérica Revolución de Octubre. El día 5 de dicho mes, las principales fuerzas políticas defensoras de los intereses obreros convocaron una huelga general que, en Asturias, tomó caracteres revolucionarios, especialmente en las zonas mineras. El gobierno de Alejandro Lerroux, cuya propia formación el día 4 había dado lugar a la insurrección, envió poco después tropas militares asesoradas desde Madrid por el general Francisco Franco. En la imagen, numerosos insurrectos son conducidos a prisión, tras su detención por efectivos de la Guardia Civil.
La principal preocupación del bienio liderado por cedistas y radicales (estos últimos, miembros del Partido Radical) estribó en el desmantelamiento de la obra reformista precedente, considerada en términos sociales y religiosos nefasta para los intereses de España. Esta marcha atrás se detecta, con nitidez, en leyes como la denominada ‘contrarreforma agraria’ del ministro de Agricultura Nicasio Velayos (1 de agosto de 1935), que convirtió en papel mojado lo legislado en la etapa anterior. Una nueva disolución de las Cortes decretada en diciembre de 1935 posibilitó en las elecciones de febrero de 1936 el triunfo de las izquierdas coaligadas para esta ocasión en el unificado Frente Popular, amén de la sustitución de Alcalá Zamora en la presidencia de la República por Azaña mediada la primavera.
El frente popular y el camino hacia la guerra (febrero-julio de 1936)
El intelectual y político republicano español Manuel Azaña se erigió en el eje de la coalición política del Frente Popular, que triunfó en las elecciones de febrero de 1936, y formó de nuevo gobierno. Había sido ya jefe del mismo desde 1931 hasta 1933 y todavía habría de llegar a presidir la II República en mayo de ese año 1936, dos meses antes de que estallara la Guerra Civil.
En esta interactividad están recogidos los principales hitos de la Guerra Civil española (1936-1939) divididos en cuatro grandes bloques temáticos.
La Guerra Civil española se inició en julio de 1936 a raíz de la insurrección de un sector del Ejército frente al gobierno de la II República y concluyó con la victoria de los sublevados el 1 de abril de 1939. La fotografía reproduce el momento en que soldados defensores de la legitimidad del gobierno republicano tratan de salir de una trinchera. Su autor fue el fotógrafo estadounidense Robert Capa, que cubrió el conflicto como corresponsal de la revista Life.
Destacado catedrático de fisiología y miembro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) desde 1929, el canario Juan Negrín no pasó a desempeñar cargos gubernamentales hasta que, ya iniciada la Guerra Civil española, fue nombrado ministro de Hacienda, en septiembre de 1936, por Francisco Largo Caballero. Asumió la dirección política republicana desde junio de 1937 hasta prácticamente el final de la contienda.
Al revisionismo anterior, los dirigentes frentepopulistas contrapusieron la agilización de la reforma agraria mediante la legalización de las ocupaciones de fincas y un intento de arbitraje entre las reivindicaciones extremas populares y la oposición derechista. En una dinámica de ascendente crispación, el asesinato del dirigente de extrema derecha José Calvo Sotelo, ocurrido el 13 de julio, motivó una alteración en los planes estratégicos del general Emilio Mola Vidal y de los demás conspiradores antirrepublicanos, así como el adelanto del golpe militar al 18 de julio. Éste será el inicio de la Guerra Civil, que culminó con la victoria franquista en abril de 1939, punto final de la azarosa experiencia republicana y puerta de acceso a cuatro décadas de autoritarismo y poder personal en España. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.