Transición económica

Esthela Redortha Zuñiga
Carlos Cruz Rivero

En la última década, México se ha visto inmerso en un profundo proceso de cambio que se ha expresado en diversas transiciones de índole económica, política, social demográfica y epidemiológica. Este proceso transicional ha cambiado las reglas del juego y ha generado nuevas condiciones para la modernización del país.

La comprensión de las actuales condiciones de salud y de la forma en que la sociedad mexicana se ha organizado para responder a ellas, requiere primeramente de la comprensión de uno de sus principales determinantes.

Los años de la crisis económica han modificado el panorama de la salud de nuestra población y nos pone, para las décadas subsecuentes, de frente al reto de atender más eficientemente a sus necesidades.

Desde finales de 1982, la situación económica obligó al gobierno a diseñar un programa de ajuste que tuvo como fin reestructurar las bases socio-económicas y las condiciones en las que se desenvolvía el país.

El programa de ajuste se fue completando a lo largo del periodo 1983-1990 e incluyó diversos aspectos, entre los que destacan, para efectos de análisis:

a) La globalización e internacionalización de la economía;

b) la renegociación de la deuda externa;

c) el control de la inflación;

d) el saneamiento de las finanzas públicas;

e) el cambio en la forma de participación estatal;

f) el mejoramiento del nivel de vida de la población marginada y,

g) la recuperación del crecimiento económico.

Entre 1985 y 1988 la economía mexicana inició un proceso de apertura comercial que se expresó más claramente a partir del ingreso de México al GATT y al inicio de negociaciones para la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá.

El principal problema al que se enfrentó el gobierno de México en la década de los 80’s fue la deuda externa, los altos intereses y la política de endeudamiento Elementos que ocasionaron que la deuda pública creciera en términos absolutos de 19,600.2 millones de dólares (mdd) en 1976 a 77,770.3 (mdd) en 1990, teniendo la cantidad más alta en 1987 con 81,406.8 (mdd).

Por otro lado, de 1976 a 1981 la inflación anual varió de 16.2 por ciento en 1978 a 28.7 por ciento en 1981, y a partir de 1982 se convirtió en un proceso inflacionario creciente alcanzando niveles del orden de 98.8 por ciento en 1982, 105.8 por ciento en 1986 y 159.2 por ciento en 1987.

Sin embargo, a partir de finales de 1987, se controló la inflación por medio de una concertación entre los principales sectores de la economía (Pacto de Solidaridad Económica en 1987-1988 y Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico de 1988 a 1992). Como resultado del Pacto, la inflación se redujo al 51.7 por ciento en 1988 y a 19.7 por ciento en 1989, a 12 por ciento en 1992 y se logró el objetivo de reducirla a un dígito para mediados de 1993.

Desde fines de 1983, se inició la política relativa a un cambio en la forma de participación estatal, misma que se centró en dos factores: la reducción del tamaño del Estado y el paso de un Estado propietario de empresas a un Estado promotor del bienestar social. Esta política cobró fuerza a partir de 1988 en la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari.

Hacia fines de 1982, el Estado participaba en numerosos sectores de la economía a través de 1,155 entidades públicas. De ellas 870 se han venido liquidando, extinguiendo o transfiriendo a otros sectores. Las transferencias fiscales a las empresas públicas se han reducido de 8.1 por ciento del PIB en 1982, a menos del 4 por ciento en 1989.4

Uno de los principales problemas de la década se centró en el nivel de ingresos de la población, debido a que el salario mínimo ha mostrado reducciones en términos reales desde 1976. De este modo, el salario de 1990 representaba tan sólo el 40 por ciento respecto al de 1977.

Fuente: Apuntes de Legislación de la Unideg