Tomar decisiones en educación políticas públicas
Jacques Delors, quien presidió la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, sostiene que la educación tiene por función esencial eldesarrollo continuo de las personas y las sociedades, como una de las vías más importantes, y que las políticas educativas son una estructuración privilegiada de las personas, las relaciones entre individuos, entre grupos y naciones.
La educación conlleva la toma de decisiones difíciles, sobre todo cuando se trata de equidad y calidad de los sistemas educativos. Las decisiones educativas interesan y afectan al conjunto de la sociedad, por lo que exigen la apertura a un debate democrático sobre los medios y fines de la educación.
Sin duda, la educación es un bien de carácter colectivo y corresponde al Estado regularla y crear un consenso nacional sobre ella, establecer una coherencia general y proponer una visión a largo plazo. No obstante, en tanto las opciones educativas son opciones de sociedad, se impone un debate público y la inclusión de propuestas y puntos de vista de la sociedad en las políticas educativas.
Es necesario introducir factores de dinamismo en los mecanismos de la gestión educativa e incluir a los distintos agentes sociales a la adopción de decisiones, no sólo considerando la dimensión técnica de la educación, sino desde la perspectiva política y de género.
Un desarrollo más equitativo y democrático del conjunto de la sociedad requiere la eliminación de los tratos discriminatorios contra cualquier grupo. En el caso de las mujeres, la mitad de la población, es una necesidad impostergable el diseño de políticas que tomen en cuenta las condicionantes culturales, económicas y sociopolíticas que, entretejidas por el género y objeto de aprendizaje social, favorecen la discriminación femenina.
Urge desarrollar políticas de igualdad de oportunidades y, sobre todo, impulsar una educación igualitaria. Para eliminar las desigualdades sociales entre los sexos se deben considerar los presupuestos culturales y sociales que han impedido la igualdad. De ahí que la perspectiva de género, como marco para explicar las razones y los orígenes culturales del problema de las mujeres y de las relaciones sociales entre los sexos, sea indispensable para desarrollar programas y soluciones normativas, jurídicas, educativas y comunicativas destinadas a subsanar las desigualdades existentes entre hombres y mujeres.
La perspectiva de género impacta a mujeres y a hombres y beneficia al conjunto de la sociedad, al establecer condiciones más equitativas para la participación en la vida social. Las políticas públicas tienen que ver con la participación, es decir, con la relación que la ciudadanía establece con el Estado.
En todas las decisiones que se adopten en materia de educación debe predominar el principio de igualdad de oportunidades. La educación para la democracia requiere tanto de políticas públicas que la promuevan como de acciones afirmativas, a través de las cuales se instrumenten medidas especiales y temporales destinadas a proporcionar ventajas y oportunidades a favor de las mujeres para lograr el principio de igualdad en la realidad.
El debate actual acerca del papel de la educación en la construcción de los sujetos en las sociedades democráticas, además de insistir en la necesidad de de construir y reconstruir lo que sucede al interior de las prácticas educativas para explicarlas y transformarlas, señala el imperativo de diseñar y desarrollar políticas públicas que conduzcan a la equidad social entre los géneros.
La calidad de la democracia está íntimamente ligada a la calidad de la educación. En tanto el problema de la calidad y la igualdad de oportunidades ya no radica en el acceso y cobertura al sistema educativo, sino más bien en sus modos y prácticas que reproducen la desigualdad social que parte de la diferenciación sexual, es imprescindible volver la mirada a lo que ocurre al interior de las experiencias y prácticas educativas concretas, para analizar y transformar las modalidades de enseñanza, los contenidos y las prácticas; particularmente las que tienen que ver y se articulan con la educación cívica.
La práctica de la negociación y la concertación constituye en sí misma un factor de aprendizaje democrático en la gestión educativa y en la vida escolar. Habría que aprovechar esto en el diseño de las mismas políticas públicas educativas.
Autor: Teresa González Luna Corvera – Investigadora del Centro de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara y Coordinadora de Escuela de Aprender, A. C.
Fuente: Revista Educativa Educar del Estado de Jalisco
